La interamericana de prensa confirmó tres asesinatos de periodistas mexicanos vinculados a su labor
– En su reciente Asamblea General, celebrada en Bogotá, la Sociedad Interamericana de Prensa confirmó tres asesinatos de periodistas vinculados a su labor, y denunció que la presión contra la prensa no proviene solo del crimen organizado.
LATAM. – Tres periodistas asesinados por su trabajo, reporteros obligados por personal de la Marina a borrar sus grabaciones y comunicadores encarcelados con una ley que después fue derogada. Ese es el panorama que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó sobre México el 25 de octubre de 2026, al clausurar en Bogotá su 82.ª Asamblea General. El diagnóstico coincide con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que ubica al país en el lugar 122 de 180. En el indicador de seguridad, el más débil de los cinco que evalúa el índice, México cae hasta la posición 160.
La SIP vinculó directamente con el ejercicio periodístico tres crímenes. Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado a tiros en julio, en Puebla. Ese mismo mes, en Oaxaca, fue asesinado en un restaurante Francisco Alejandro Leyva Aguilar, columnista y exdirector de la radio y televisión pública del estado, conocido por sus críticas a las autoridades. En agosto, también en Puebla, fue asesinado el fotógrafo y creador de contenido Ricardo Zúñiga Rosas.
La SIP, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y RSF exigieron que las investigaciones consideren la labor informativa como línea principal. El organismo pidió, además, mantener abiertos otros casos ocurridos desde abril cuyo vínculo con el periodismo aún no ha sido establecido.
El informe advierte que la presión contra la prensa no proviene solo del crimen organizado. En Tamaulipas, dos periodistas denunciaron que elementos de la Secretaría de Marina los obligaron a borrar las imágenes que habían captado con un dron sobre un aparente derrame de combustible en el río Pánuco, cerca de instalaciones de Pemex, con el argumento de que se trataba de información reservada.
Artículo 19 condenó el episodio. La SIP también señaló un documento del área jurídica del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que identificaba a periodistas y analistas como presuntos integrantes de una red de influencia digital. Organizaciones de libertad de expresión advirtieron que la lista los expone a intimidación; el gobierno lo negó y afirmó que se trataba de un análisis de redes sociales.
San Luis Potosí ofreció uno de los ejemplos más claros de presión jurídica. La llamada “Ley Serrano”, aprobada en noviembre de 2025, castigaba con uno a seis años de prisión el uso indebido de inteligencia artificial para simular la voz, la identidad o la imagen de una persona. El 21 de mayo de 2026, con base en esa norma, fueron detenidos la periodista Eréndira Reyes Aguillón, su hija Alejandra Hermosillo y el creador de contenido Christian Herrera, acusados de difundir material generado con IA que cuestionaba al gobernador.
El Congreso estatal derogó la ley en julio, pero las detenciones, los costos legales y el efecto inhibidor sobre la cobertura local ya habían dejado huella. La SIP expresó también su preocupación por los lineamientos sobre derechos de las audiencias aprobados el 26 de agosto, al considerar que podrían facilitar la injerencia gubernamental en decisiones editoriales; la presidenta Sheinbaum rechazó esa lectura.
Una cifra explica por qué el ciclo se repite. Según RSF, 169 periodistas fueron asesinados en México en las últimas dos décadas, y menos del 1% de esos casos concluyó con una sentencia condenatoria. Cuando asesinar a un periodista prácticamente no tiene consecuencias, no existe un incentivo real para frenar la violencia.
Las fallas alcanzan también a la protección: periodistas de Chiapas y Oaxaca incorporados al Mecanismo de Protección federal informaron a la SIP que las medidas asignadas no han eliminado los riesgos derivados de su trabajo.
México forma parte de una crisis continental. En los seis meses posteriores a la reunión de abril, nueve periodistas fueron asesinados en América: tres en México, dos en Colombia, dos en Guatemala, uno en Haití y uno en Perú. A ello se suman doce trabajadores de medios que murieron en los sismos de junio en Venezuela y miles de ataques digitales registrados en Brasil en apenas cuatro semanas.
Desde Bogotá, el mensaje de la SIP al Estado mexicano fue directo: investigar estos crímenes desde el primer momento como delitos vinculados con el periodismo, llevar a los responsables ante la justicia y construir mecanismos de protección que funcionen. Mientras la impunidad persista, las condiciones que hacen posible esta violencia seguirán intactas.
Por Froylán Méndez Ferrer / froylanmf@gmail.com / sinmco.org / ansic.mx
