113 casos, cuatro condenas: cuestionan respuesta del Estado
Marcela de Jesús Natalia denunció omisiones en las investigaciones. Frente a las cifras de violencia, autoridades mexicanas defendieron mecanismos y protocolos cuya eficacia cuestionaron las organizaciones.
México.- Organizaciones civiles documentaron 103 homicidios y diez desapariciones de periodistas y personas defensoras entre enero de 2022 y septiembre de 2026, pero únicamente cuatro casos cuentan con sentencia condenatoria, según la información presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De los 113 casos, solo 20 fueron judicializados: un balance que pone bajo cuestionamiento la respuesta institucional defendida por las autoridades mexicanas.
Durante la audiencia del 29 de octubre, en el 197 periodo de sesiones de la CIDH, celebrado en Panamá, la periodista y activista indígena ñomndaa Marcela de Jesús Natalia denunció omisiones del Estado mexicano para investigar estas agresiones. Según las cifras expuestas por las organizaciones, el 96.5 % de los casos documentados no contaba con una condena al momento de la audiencia.
Originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, Marcela de Jesús sobrevivió a un ataque armado el 3 de junio de 2017 en Ometepec, que le dejó secuelas permanentes. Ante la Comisión denunció que continúa enfrentando las consecuencias del desplazamiento forzado: su testimonio obliga a preguntar qué respuestas reciben las víctimas después de sobrevivir a un atentado.
La periodista advirtió que las investigaciones carecen frecuentemente de perspectiva de género y de enfoques adecuados para comprender la realidad de las comunidades indígenas y otros grupos históricamente excluidos. También expuso que Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) registró 530 agresiones contra mujeres periodistas entre octubre de 2022 y septiembre de 2026.
El abogado Saulo Loya Valenzuela, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunció que las acciones gubernamentales para proteger a las personas defensoras, investigar los delitos y castigar a los responsables siguen siendo insuficientes. Las organizaciones exigieron investigaciones efectivas, un registro nacional de delitos contra personas defensoras, mecanismos especializados y medidas contra la impunidad.
Frente a los señalamientos, el representante mexicano ante la OEA, Alejandro Encinas Rodríguez, defendió la atención transversal del Estado. Autoridades federales también destacaron avances del Mecanismo de Protección y la aprobación de un protocolo especializado de investigación.
La defensa de instrumentos institucionales no resuelve por sí misma el cuestionamiento sobre sus resultados. Frente a cuatro sentencias condenatorias en 113 casos documentados, la pregunta para las autoridades es concreta: ¿cómo se traducen los mecanismos y protocolos que reivindican en investigaciones efectivas y justicia para las víctimas?
Agencia ANSIC.MX
