Caso Marcelo Pérez Pérez: sentencia no basta
El Pueblo Creyente denuncia violencia persistente y consumo de drogas entre niños. Una condena por el asesinato del sacerdote contrasta con una deuda central: identificar a los autores intelectuales.
México.- Miles de indígenas católicos de siete regiones de Chiapas marcharon el 19 de octubre de 2026 en San Cristóbal de las Casas para denunciar la persistencia de la violencia y exigir el esclarecimiento del asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez. A dos años del crimen, el pronunciamiento del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal repite, casi punto por punto, el diagnóstico de 2025: inseguridad y presencia del crimen organizado en sus municipios. La reiteración plantea una pregunta incómoda: ¿qué ha cambiado para quienes viven esa violencia?
La denuncia incorpora un señalamiento que no figuraba el año anterior: el consumo de drogas alcanza ya a niños, mientras jóvenes siguen siendo cooptados para el halconeo y la venta al menudeo, según el documento. El Pueblo Creyente también reporta detonaciones nocturnas y amenazas de autoridades locales y consumidores contra quienes denuncian. No es un reclamo abstracto: describe riesgos concretos para las comunidades y para quienes deciden hablar.
El pronunciamiento enumera feminicidios, trata, desapariciones, cobro de piso y levantones; sobre estos últimos, sostiene que han aumentado en los meses recientes por disputas de grupos de poder de cara a las elecciones de 2027. Entre palmas, velos blancos y estandartes de santos, los participantes corearon “¡No más autoridades involucradas con el crimen organizado!” y “¡Alto a la narcopolítica!”. Son acusaciones de los manifestantes, no determinaciones judiciales.
Una condena no resuelve todo el crimen. Pérez Pérez fue asesinado a tiros el 20 de octubre de 2024, en el barrio de Cuxtitali, cuando salía de oficiar misa. Edgar Rolando Mares Banda fue sentenciado a 20 años de prisión en agosto de 2025 como uno de los ejecutores materiales, pero los autores intelectuales siguen sin identificarse.
El proceso contra Héctor “N”, identificado en reportes de prensa como “El Chesman” y presunto líder de Los Motonetos, permanece en etapa intermedia, con una diligencia reprogramada para el 17 de noviembre. José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, sostuvo en conferencia de prensa que el avance procesal no equivale al esclarecimiento integral y que el caso “no es un caso cerrado”.
Velázquez Florencio señaló además que Sara Irene Herrerías Guerra, la fiscal de la FGR que llevaba el asunto, pasó a ministra de la Suprema Corte y se llevó al equipo. Las investigaciones continúan, un hecho que no debe borrarse del balance; tampoco permite dar por respondidas las exigencias del pronunciamiento y de la defensa jurídica. Ambos reclaman vincular las indagatorias con las amenazas previas que Pérez recibió por su mediación y denuncia de la violencia en Simojovel y otras comunidades.
El documento relaciona este asesinato con Acteal (1997), el asesinato del catequista Simón Pedro Pérez López (2021) y la masacre de Nueva Morelia (mayo 2024). En este último caso, las familias denuncian que nadie ha sido procesado. La exigencia de justicia rebasa, por tanto, el expediente del sacerdote.
La denuncia sobre la niñez también enfrenta un vacío de información. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ha señalado que no existen datos oficiales para dimensionar el reclutamiento de menores en Chiapas y que el delito no está tipificado de forma específica en la legislación mexicana. Su estimación de unos 30 mil menores reclutados cada año corresponde al ámbito nacional, no a la entidad, y no permite cuantificar el consumo de drogas denunciado por las comunidades.
Reportes recientes también documentan incursiones armadas en ejidos tsotsiles de Cintalapa y otras zonas, así como desplazamientos. La percepción comunitaria es que la violencia se entrelaza con disputas territoriales, megaproyectos y la proximidad electoral; esa lectura debe distinguirse de una relación causal acreditada. Frente a ese panorama, el Pueblo Creyente sostiene que “la voz del pueblo y de la Diócesis no se puede callar”.
El avance judicial existe, pero su alcance tiene límites precisos: hay una sentencia, otro proceso en curso y autores intelectuales sin identificar. ¿Qué resultados verificables permitirán responder al diagnóstico que las comunidades repiten desde 2025? Presentar una condena como respuesta suficiente dejaría fuera tanto las preguntas pendientes del asesinato como la violencia que motivó otra marcha.
Agencia ANSIC.MX
