516 municipios sin policía propia: urgen respuestas
El discurso gubernamental enfrenta un reclamo concreto: explicar los vacíos de seguridad y el deterioro policial, sin confundir la organización comunitaria con desprotección.
México.- El país cerró 2024 con 516 municipios sin una institución municipal de seguridad pública formalmente constituida, aproximadamente uno de cada cinco del país, según el INEGI. El dato exige confrontar el discurso gubernamental sobre seguridad con las capacidades locales: en 23 municipios no se reportó ninguna institución o cuerpo que desempeñara esa función.
El Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2025, publicado en marzo, también impide una lectura simplista: carecer de corporación propia no equivale automáticamente a carecer de vigilancia. De los 516 municipios, 403 utilizaban cuerpos comunales y 90 recibían atención de instituciones de otros órdenes de gobierno.
La distinción no borra la pregunta más urgente: ¿quién atendía las emergencias y las necesidades de seguridad en los 23 municipios que no reportaron ningún cuerpo responsable? Las autoridades deben explicar esos registros y precisar qué ha cambiado desde el cierre de 2024.
Menos agentes y condiciones laborales bajo cuestionamiento
El informe Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico (2018-2026), presentado por Causa en Común, documentó una reducción aproximada de 6% en el número de policías municipales entre 2022 y 2024. Al cierre de ese periodo contabilizó 166,224 elementos operativos, su menor registro desde 2010.
Según la organización, 55% de los policías municipales percibe menos de 15 mil pesos mensuales y solamente 53% cuenta con seguridad social. A ello se suman rezagos de certificación y dificultades para consolidar servicios profesionales de carrera: ¿con qué respaldo se exige un desempeño profesional si persisten esas condiciones?
La disminución del personal obliga a examinar la capacidad de prevención y atención de emergencias, pero no permite atribuir por sí sola resultados específicos de seguridad. Tampoco basta contar uniformados: formación, estabilidad, supervisión y protección deben entrar en la rendición de cuentas.
Oaxaca: ni simplificaciones ni evasivas
De acuerdo con el desglose del censo recogido en la cobertura periodística nacional, 400 de los 570 municipios de Oaxaca contaban con cuerpos comunales adscritos a alguna instancia de la administración municipal, sin disponer de una institución policial formal. Presentarlos a todos como territorios desprotegidos sería una distorsión que desconoce sus formas propias de organización y autoridades comunitarias.
Estos esquemas deben analizarse conforme a la autonomía reconocida constitucionalmente a los pueblos y comunidades indígenas, no mediante la imposición de un modelo policial urbano uniforme. La exigencia debe ser concreta: ¿qué mecanismos tienen para prevenir, atender emergencias, acceder a la justicia y coordinarse con las instituciones estatales y federales?
El reconocimiento de esa diversidad tampoco debe servir para eludir otro dato: seis municipios de Oaxaca aparecen entre los 23 del país que no reportaron ninguna instancia responsable del servicio. Corresponde a las autoridades estatales identificar cada caso, explicarlo y actualizar la situación registrada en 2024.
Presupuesto y despliegues: las preguntas pendientes
Causa en Común relaciona el debilitamiento policial con las limitaciones del financiamiento federal y cuestiona la eliminación del FORTASEG en 2021. Según la organización, el esquema incorporado posteriormente mediante el FOFISP dispone de recursos considerablemente menores.
Esa crítica requiere una revisión presupuestaria, no una conclusión automática sobre las causas de la reducción del personal. ¿Cuánto reciben efectivamente los municipios, cómo lo ejercen, qué resultados obtienen y cuánto aportan los estados y ayuntamientos? La información disponible no permite responsabilizar a una sola administración ni atribuir el descenso de agentes exclusivamente a un cambio presupuestario.
El informe también cuestiona la expansión de funciones militares mientras persisten rezagos civiles. Las operaciones de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional pueden formar parte de las estrategias previstas por el marco legal, pero ¿cómo se asegura que esos despliegues se acompañen de capacidades municipales de proximidad y atención comunitaria?
La protección de los agentes también exige cuentas
Entre el 1 de octubre de 2024 y el 22 de octubre de 2026, Causa en Común documentó al menos 674 agentes de seguridad pública asesinados en México. Es un registro basado en seguimiento de información pública, no un censo judicial definitivo, una distinción indispensable para dimensionar su alcance.
Los casos documentados obligan a investigar las condiciones de protección de los agentes y la atención a sus familias, particularmente ante deficiencias en seguros, prestaciones e indemnizaciones. La respuesta pública debe incluir salarios, certificaciones, presupuestos y coordinación verificables: los anuncios de operativos no responden, por sí solos, quién protege a cada comunidad ni en qué condiciones lo hace.
Agencia ANSIC.MX
